El precio de la cebolla en origen en 2026 hunde la campaña de Sevilla: cosechas sin recoger y contratos denunciados
El precio de la cebolla en origen en 2026 ha dejado imágenes de cosechas regaladas o abandonadas en la provincia de Sevilla. Un agricultor de Lebrija decidió permitir que sus vecinos recogieran más de 200 toneladas después de recibir una oferta máxima de 13 céntimos por kilo. Días después, COAG Sevilla amplió la denuncia al conjunto de la campaña y aseguró que existen ofertas de entre 9 y 12 céntimos, contratos que algunas comercializadoras no estarían respetando y explotaciones para las que recolectar supondría aumentar las pérdidas.
El caso de Lebrija que hizo visible la crisis de la cebolla
La primera señal pública llegó el 14 de julio de 2026. Juan Manuel Romero, productor de Lebrija, explicó que tenía 3,25 hectáreas de cebolla listas para cosechar y que la mejor oferta recibida se situaba en 13 céntimos por kilo. Ante la imposibilidad de asumir los costes de recolección y comercialización, optó por invitar a los vecinos a entrar en la finca y llevarse el producto en lugar de enterrarlo.
El responsable de Productos Transformados de COAG Andalucía, Diego Bellido, señaló que para recoger una hectárea se necesita el trabajo de unas 25 personas durante varios días. Esa necesidad de mano de obra explica por qué un precio muy bajo no solo reduce el margen del agricultor: puede convertir la propia recolección en una operación que agrave las pérdidas. El caso fue recogido por EFEAgro y por las informaciones publicadas en medios agrarios.
COAG denuncia precios de 9 a 12 céntimos e incumplimientos contractuales
La organización agraria sostiene que la situación no se limita a una finca. Según la denuncia difundida por COAG Sevilla y recogida por Agroinformación, numerosos productores habrían formalizado acuerdos de compraventa antes del inicio de la campaña, pero algunas comercializadoras estarían renunciando a adquirir la producción cuando la evolución del mercado deja de resultarles favorable.
COAG sitúa las ofertas actuales entre 9 y 12 céntimos por kilogramo y calcula que producir una hectárea de cebolla exige una inversión de entre 7.000 y 9.000 euros. Estas cantidades son estimaciones de la organización, no una tarifa oficial aplicable a todas las explotaciones. Los costes reales pueden variar según el rendimiento, el riego, los tratamientos, la mano de obra, la maquinaria, la variedad cultivada y las condiciones meteorológicas.
La propia organización distingue entre segmentos. Los contratos vinculados a producciones tempranas y los destinados a determinados mercados europeos habrían mostrado mayor estabilidad. Esa diferencia apunta a que el problema no procede únicamente del volumen cosechado, sino también de la planificación comercial, las condiciones pactadas y la posición negociadora de cada productor.
Qué está confirmado y qué sigue siendo una denuncia: están documentados el caso de las más de 200 toneladas ofrecidas en Lebrija y los precios comunicados por el productor. Los incumplimientos de contratos y el recurso a importaciones mientras se rechaza producto local son acusaciones de COAG Sevilla que necesitarían ser comprobadas caso por caso por la autoridad competente.
Qué dice la Ley de la Cadena Alimentaria sobre el precio y los contratos
La Ley 12/2013 de la cadena alimentaria, reforzada en 2021, establece que el precio que perciba un productor primario debe ser superior al total de los costes asumidos para obtener el producto. También obliga a cada operador a pagar al eslabón inmediatamente anterior un importe igual o superior a su coste de producción efectivo.
La norma no fija un precio mínimo nacional para la cebolla. El coste debe acreditarse con la documentación admitida en derecho y depende de la explotación concreta. Por ello, una oferta de 9, 12 o 13 céntimos no demuestra automáticamente una infracción: para determinarla hay que comparar el precio contractual con los costes efectivos del productor y examinar las condiciones, modificaciones o cancelaciones del acuerdo.
Desde el 30 de junio de 2023, los compradores deben inscribir en el Registro de Contratos Alimentarios los contratos escritos formalizados con productores primarios y sus agrupaciones. Esta herramienta facilita la labor inspectora de la Agencia de Información y Control Alimentarios y de las autoridades autonómicas. La existencia del registro, sin embargo, no evita por sí sola los conflictos ni sustituye la necesidad de conservar facturas, comunicaciones, anexos y pruebas de los costes.
Por qué los precios publicados no siempre son comparables
Las cifras difundidas durante esta crisis corresponden a situaciones distintas. Los 13 céntimos son la oferta máxima comunicada por el agricultor de Lebrija; el intervalo de 9 a 12 céntimos procede de la denuncia sectorial de COAG Sevilla. Ninguno de estos datos debe presentarse como precio medio nacional.
El Ministerio de Agricultura publica informes semanales con cotizaciones representativas de frutas y hortalizas, pero advierte de que pueden proceder de posiciones comerciales diferentes: campo, almacén del agricultor, lonja, alhóndiga o salida de una central de acondicionamiento. Comparar un precio en finca con uno correspondiente a producto seleccionado, manipulado o preparado para distribución puede generar conclusiones erróneas.
Las consecuencias para agricultores, comercializadoras y consumidores
Cuando la cosecha queda sin recoger, el productor pierde la inversión realizada durante meses y deja de ingresar incluso el valor residual del producto. Si el episodio se repite, puede reducir la superficie sembrada en la campaña siguiente, abandonar el cultivo o concentrar la producción en explotaciones con mayor capacidad financiera y comercial.
Para comercializadoras y distribuidores, una campaña conflictiva eleva el riesgo reputacional y contractual. Las empresas deben revisar que las cláusulas de ajuste, rechazo de partidas o cancelación no trasladen al agricultor todo el riesgo de mercado ni contradigan las obligaciones de la Ley de la Cadena. También deberán poder justificar los precios y modificaciones acordados si se inicia una inspección.
El consumidor puede encontrar cebollas a precios que no reflejan la situación del agricultor porque entre el campo y el punto de venta se añaden clasificación, mermas, transporte, almacenamiento, envasado y margen comercial. La diferencia entre origen y tienda no prueba por sí sola un abuso, pero la destrucción de cosechas mientras existe demanda plantea dudas sobre la eficiencia de la cadena y su capacidad para aprovechar el producto nacional.
Qué pasos pueden marcar el desenlace de la campaña
Los próximos movimientos dependerán de si los productores afectados presentan denuncias acompañadas de contratos, comunicaciones y cálculos de costes; de las inspecciones que realicen AICA o la autoridad andaluza competente; y de la evolución de las cotizaciones durante las siguientes semanas. También será relevante comprobar si las comercializadoras mantienen las compras nacionales y cómo se comportan las importaciones en plena campaña sevillana.
Para el conjunto de la actualidad económica y empresarial, el caso demuestra que una crisis agraria no termina en el campo. Afecta a contratos, empleo temporal, planificación de suministros y competencia entre producto local e importado. La respuesta legal no dependerá únicamente de que el precio parezca bajo, sino de que se pueda acreditar que no cubre los costes efectivos o que las condiciones pactadas fueron incumplidas.
Creador de El Blog del Campo y Redactor especializado en maquinaria industrial, agrícola y forestal, construcción y energía.
Después de años siguiendo de cerca el mundo de la maquinaria, la industria y el trabajo en el campo, escribo con una visión práctica sobre equipos, herramientas y soluciones profesionales. Mi objetivo es explicar de forma clara cómo funcionan, para qué sirven y qué tendencias están marcando estos sectores.
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